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Medio Ambiente

Minam aprueba plan para monitorear plan de restauración frente a minería ilegal

La norma se suma a las acciones del Minam en la lucha contra la minería ilegal en el país.

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El Ministerio del Ambiente (Minam) aprobó el plan de monitoreo del plan de restauración frente a minería ilegal. La aprobación sucedió a través de la promulgación de la Resolución Ministerial nº 209-2021-MINAM. Específicamente, se trata de los “Instrumentos para el monitoreo y evaluación del cumplimiento del Plan Integral Frente a la Minería Ilegal-Plan Restauración”.

Según especificó el Minam, la norma suma a las acciones en la lucha contra la minería ilegal en el país; ello en concordancia con los lineamientos y la política general del actual gobierno.

El Minam recordó que el Plan Restauración tiene como finalidad enfrentar dicha actividad ilícita en la región Madre de Dios y los distritos de Camanti y Ayapata, de las regiones de Cusco y Puno, respectivamente. Entonces, también busca promover el desarrollo sostenible en esas localidades.

Asimismo, busca asegurar continuar y consolidar las acciones frente a la minería ilegal iniciadas en el 2019 (“Plan Mercurio”). Además, está previsto el ajuste de estrategias frente a las nuevas coyunturas derivadas de la emergencia de la pandemia de covid-19.

Recuerda, asimismo, que corresponde a la Dirección General de Políticas e Instrumentos de Gestión Ambiental del Minem efectuar acciones de coordinación, supervisión, evaluación y monitoreo respecto del cumplimento del Plan Restauración.

Respecto a los instrumentos para el monitoreo y evaluación del cumplimiento de la referida estrategia gubernamental, esta tiene por objeto establecer las disposiciones para la remisión y procesamiento de la información que permitirá a la Dirección General de Políticas e Instrumentos de Gestión Ambiental del Minam evaluar el cumplimiento del “Plan Restauración” y elaborar el reporte semestral de seguimiento.

Entre otros aspectos, los instrumentos aprobados mediante la citada Resolución Ministerial son aplicados por las entidades públicas que tienen la obligación de reportar avances de cumplimiento; según sus compromisos asumidos en el mencionado plan de intervención.


 

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