Minam considera inviable proyecto de ordenamiento territorial de la PCM

De acuerdo al Ministerio del Ambiente, la propuesta de ordenamiento territorial de la PCM es inviable. Y es que, explicó, entre otras medidas busca definir que actividades económicas se puedan realizar y qué actividades no. Recordemos que en dicho aspecto el Tribunal Constitucional ya se pronuncio en contra de este tipo de medidas.

Ante ello, llegó la consulta sobre la propuesta normativa a los Ministerio Energía y Minas (MINEM), del Ambiente (MINAM) y de Economía y Finanzas (MEF). El diario Gestión conoció que el Minam considera que el proyectos es inviable.

Esta es una posición diferente a la que ha tenido el Minem, que expresaba su preocupación al desarrollo de los proyectos mineros y de hidrocarburos, dando sus observaciones; sin embargo, la posición del MINAM ha sido más determinante y considera que la medida propuesta de la PCM no debería seguir.

Observaciones del MINAM

En el análisis realiza por el MINAM formula 16 observaciones al proyecto de ley de la PCM. Así, cuestiona el alcance de la norma, al crearse un Sistema Nacional de Ordenamiento Territorial que defina y regule las bases. Además, precisa que la norma ya lo recoge la Constitución y otras reglamentaciones del Estado.

Otro aspecto relevante, es el carácter regional que se le impone a la norma para que orden, cuando considera que esta tarea debe recaer en los tres niveles de gobierno.

Entre uno de los aspectos que trae la norma es que se busca proteger al territorio; sin embargo el MINAM sostiene que se debe conservar y hacer un uso sostenible de los recursos.

De otro lado, considera que ante una eventual rectoría del ordenamiento territorial no debería recaer en la PCM, sino en el Ministerio del Ambiente. Ello es diferente a lo que propone inicialmente el Gobierno que sea una articulación entre la sociedad civil y el sector público, sino a compatibilizar políticas, normas e instrumentos de ordenamiento territorial.

Uno de los puntos que observa el MINAM es que no se debe emitir “opinión previa”, sino solo de una “opinión”, respecto a los proyectos de ley o normas que se formulen.

De la misma forma, reafirma que las regiones no deberían aprobar los planes de ordenamiento territorial y por el contrario, si promover y conducir a ese ordenamiento basado en las políticas y normas ya aprobadas, sujeto a opinión técnica favorable del ente rector.

En base a estas observaciones y otras adicionales, considera que el proyectos de ley no es viable, pese a las precisiones y la propuesta de norma que plantea.