Minería argentina: Las tres barreras que enfrenta

El centro de Estudios Fundar de Argentina elaboró un documento en el que manifiesta la existencia de algunas tensiones para implementar el desarrollo de la minería de litio en el país, a causa del régimen de gobernanza para este sector productivo.

De hecho, la institución identifica tres barreras que ponen en riesgo el desarrollo de la actividad en el futuro.

La primera de ellas tiene que ver con el loteo de responsabilidades entre el nivel nacional y provincial. Asimismo, mencionan el foco de la política de ciencia y tecnología en los eslabones más desarrollados de la cadena de valor; y por último, la barrera de gobernanza socioambiental del litio.

Cabe recordar que, actualmente, en Argentina, la minería de litio se concentra en 19 proyectos en etapa avanzada, ubicados en Jujuy, Catamarca y Salta. Entre ellos, logran una capacidad instalada alrededor de las 38 500 toneladas de carbonato de litio equivalente (LCE). De esa forma, Argentina se posiciona como el cuarto productor de litio a nivel mundial.

Política de minería en Argentina en contraste con Chile

Un detalle importante en el documento, está en la comparación de las políticas tributarias argentinas, respecto a las de otros países de la región.

De hecho, advierte un “contraste importante” con Chile, por ejemplo.

“Cuando se analiza la estructura impositiva de la minería de litio se observa también que Argentina tiene menos capacidad de recaudación que otros países de la región; ya que carece de instrumentos progresivos para gravar la renta o precios extraordinarios”.

Asimismo, Fundar hace hincapié que en Argentina se “limita su vinculación con políticas de desarrollo productivo”; debido a que los impuestos recaudados sobre la actividad no son de asignación específica. En cambio, en Chile, “parte de lo recaudado en la minería del litio se destina a financiar actividades de I+D para el procesamiento y transformación del recurso”.

Argentina cuenta con un régimen federal de regulación y promoción de la minería; el cual “asigna competencias y recursos entre niveles de gobierno de maneras que plantean desafíos muy importantes para la implementación de políticas de desarrollo productivo en torno al recurso”, indica el informe.

“Es políticamente poco probable que se modifique el régimen de concesiones que se deriva del dominio originario de las provincias sobre los recursos naturales ratificado por la Constitución de 1994. El desafío es entonces coordinar las políticas entre distintos niveles de gobierno para atender a las tensiones y desbalances”.