Minería ilegal en Huánuco: Gobernador pide intervención ante rápido incremento

El gobernador regional de Huánuco, Erasmo Fernández Sixto, pidió la intervención del Gobierno Nacional, mediante el Ministerio de Energía y Minas, ante el incremento de la minería ilegal en la provincia de Puerto Inca, provenientes de Madre de Dios. Según dijo, la presencia de los mineros ilegales amenaza con convertir en tierra de nadie a la selva huanuqueña.

“Señores ministros, escúchenos; señor presidente de la República, escúchenos. No queremos un Puerto Inca que sea tierra de nadie; no queremos que se convierta en el lejano oeste, que por el oro todos hacían lo que querían. La primera actividad y la más rentable en Puerto Inca es la minería”, aseguró Fernández.
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Como primera acción, la máxima autoridad regional pidió la instalación de una sede del Ministerio Público y de la Superintendencia de Administración Tributaria (Sunat) en la provincia de Puerto Inca para que ejerzan control y la interdicción de las actividades ilegales.

Además, el director regional de Energía y Minas de Huánuco, José Mendoza Huerta, advirtió que pueden generarse conflictos entre comunidades nativas. ¿La razón? Venden sus hectáreas de terrenos por 20 a 30 mil soles y permiten la minería ilegal en Huánuco. Así, el enfrentamiento sucedería con las comunidades que rechazan la minería, debido a que contaminan sus tierras y originan daño ecológico.

Operadores legales

De los 253 mineros que hay en Puerto Inca, solo 18 mineros tienen la respectiva autorización para operar de manera legal, por lo que los demás son informales. Mientras tanto, la minería ilegal es la actividad que en los últimos cuatro años se expandido en 400 hectáreas en toda la provincia. Además, en toda la región de Huánuco existe un total de 1055 inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), de los cuales 321 se encuentran vigentes y 734 suspendidos.

Próxima reunión

El gobernador regional pidió a los funcionarios del Ministerio del Ambiente que participen de la reunión programada para el próximo 2 de agosto con el objetivo principal de analizar y buscar soluciones inmediatas a esta grave problemática.

La Dirección Regional de Energías y Minas es el encargado de supervisar a los mineros formales y a los informales los controla la Fiscalía, Prefectura, Municipalidad Provincial y el gobierno regional. Según las autoridades, minería ilegal en los últimos cuatro años se ha expandido en un área aproximada de 500 hectáreas.