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Protestas contra Antapaccay serán reiniciadas por 11 comunidades de Espinar
Piden sanciones por la omisión de la consulta previa del proyecto.
Un total de 11 comunidades de Espinar, en Cusco, anunciaron que reiniciarán sus protestas contra el proyecto minero Antapaccay. El reclamo, según explicaron, se debe a que el Gobierno no ha respondido de manera eficiente a sus demandas.
Entre los reclamos más importantes, destacan los relacionados con el proceso de consulta previa del proyecto Coroccohuyco; así como el plan de reparación que se origina al omitirse este derecho de las comunidades.
Los líderes de la comunidades han indicado que “el levantamiento” se realizará de manera escalonada; aunque no precisaron la fecha en que se reiniciarán las protestas contra el proyecto minero Antapaccay.
De todos modos, se precisó que la medida se realizará en sus propios territorios hasta que el Estado les garantice sus derechos.
El motivo de no decir la fecha de reinicio de las protestas tiene que ver con la estrategia adoptada, según Flavio Huanqque Ccapa, presidente de la comunidad de Alto Huancané. “En cualquier momento vamos a arrancar el levantamiento. Son cien días de gobierno que han pasado y no tenemos comunicación”, señaló el también coordinador de las 11 comunidades que participarán de las protestas contra Antapaccay. “Hemos acordado el levantamiento con una estrategia que tenemos en reserva”, indicó.
El dirigente mencionó, además, que el gobierno los atendió por última vez durante el premierato de Guido Bellido. Sin embargo, precisó que, en ese momento, el expremier se acercó sin tener un plan ni documento que augurara una solución.
Demandas que causan las protestas contra Antapaccay
Como se mencionó líneas arriba, una de las principales demandas de las comunidades tiene que ver con la consulta previa. También, las protestas contra Antapaccay van en el sentido de exigir una reparación debido a la omisión del proceso anterior del año 2021.
También, los reclamos de las comunidades tienen que ver con el canon comunal de parte de la empresa minera.
Por otro lado, se exige al gobierno identificar y sancionar a los responsables de la omisión de la consulta previa.
De igual modo, las comunidades piden al gobierno cumplir con la implementación del fondo de emergencia social y el plan de reparaciones por daños causados en sus territorios a causa de la actividad minera.
