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Trabajadora de Southern ante desabastecimiento de agua: “No se trata de una empresa, somos peruanos”

Frimi Leigh, en Southern desde hace 12 años, contó su testimonio.

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Frimi Leigh, una trabajadora de Southern en Cuajone, ha evidenciado a través de un testimonio, la lamentable situación que viven las personas que habitan en el campamento minero desde hace más de 50 días.

La trabajadora, quien labora en la empresa desde hace más de 12 años, pide, entre otras cosas, que no se les discrimine por trabajar para la minera.

Como se recuerda, a fines de febrero, pobladores de la comunidad de campesina de Tumilaca Pocata-Coscore-Tala iniciaron una protesta contra Southern Perú. La razón se halla en una presunta usurpación de terrenos por parte de la minera. Y como parte de sus medidas, tomaron el reservorio de Viña Blanca, dejando sin agua al campamento minero.

Desde ese momento, la trabajadora de Southern relata que los días se han vuelto caóticos en el lugar; ya que deben recolectar agua desde los camiones cisterna que pueden llegar hasta donde se ubica el campamento.

Esa situación ha desencadenado otros impactos que afectan la salud y la educación; pues se ha suspendido las clases y se encuentran proclives a una infección de Covid-19 ante la falta del recurso hídrico.

“De pronto, el día que pensaban normal les trae algunas situaciones inesperadas, que por cierto resultan no ser nada buenas. Porque su empresa no puede operar, porque el colegio de sus hijos no abrirá, porque al abrir los caños en sus hogares no cae una sola gota de agua”, relata la trabajadora de Southern.

Trabajadora de Southern pide atención al gobierno

El testimonio de Leigh también incluye un llamado de atención a la gestión del presidente del Perú, Pedro Castillo.

“Tenemos 5000 personas abandonadas a su suerte debido a un Estado indiferente. Personas que no saben si mañana tendrán trabajo. Son 5000 historias, 5000 conjuntos de sueños y 5000 futuros inciertos”, señala.

Luego, la trabajadora de Southern pide mayor comprensión y atención a las autoridades.

“No se trata de una empresa. Hay 5000 personas afectadas y son ciudadanos peruanos para los que ninguna autoridad en el Perú ha estado allí, para intervenir en el restablecimiento de los derechos que les han sido vulnerados. Soy trabajadora de Southern Perú y lo he sido durante 12 años. Esta es mi casa, su gente es mi familia. Por eso, hoy alzo mi voz, entre muchas, para que puedan conocer la dimensión de lo que nos ha tocado vivir; ya que el Estado viene haciendo oídos sordos”, indicó.

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