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Editorial

Minería ilegal en el Perú: ¿Nos está ganando la batalla?

Aquí nuestro análisis y postura en la Editorial de la semana sobre la Minería Ilegal en Perú.

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A pesar de los esfuerzos por erradicar la minería ilegal, el fenómeno sigue creciendo. Vacíos legales y malas estrategias son el origen. Aquí nuestro análisis.

El futuro de la minería formal se ve amenazado por la creciente presencia de la minería ilegal en nuestro país.

El Decreto Legislativo Nº 1105, que establece disposiciones para el proceso de formalización de las actividades de pequeña minería y minería artesanal, define la minería ilegal como la que “no cumple con las exigencias técnicas, administrativas, ambientales y sociales de ley, o que se realiza en zonas, lugares, espacios en las que esté prohibida”.

Estas son “lagunas, riberas de ríos, cabeceras de cuenca y las zonas de amortiguamiento de áreas naturales protegida”. Es decir, trabajan sin permiso y al margen de la ley.

Por otro lado, la minería informal es aquella que no es legal y que ha iniciado un proceso de formalización, cumpliendo con las distintas etapas establecidas por el Estado, pero sin alcanzar aún legitimidad, operando al margen de la legalidad y poniendo en riesgo la vida de sus trabajadores.

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Sin embargo, todavía es posible formalizarse. Al respecto, la Ley N° 31007 del 17 de octubre de 2019, amplió el plazo para la inscripción de mineros informales en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), con lo cual el proceso de formalización minera integral irá hasta el 31 de diciembre del 2021.

Por otra parte, es importante saber que la minería ilegal, por los graves daños que causa en el aspecto ambiental y social, no se considera dentro de la formalización. Puesto que no respeta ningún sistema de control, ni de regulación social y ambiental.

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Nuestro contexto político

La inacción de las políticas gubernamentales sobre la minería ilegal ha creado un ambiente ideal para la proliferación de esta actividad económica alternativa que, si bien es cierto, está asociada al último eslabón de la cadena productiva, sigue creando condiciones nefastas para la naturaleza de nuestro país, evadiendo impuestos y no guardando el respeto por las leyes que reglamentan esta actividad.

Durante mucho tiempo los esfuerzos del gobierno peruano en contra de la minería ilegal e informal se concentraron en zonas como Madre de Dios. Sin tomar en cuenta otras fronteras, como la zona de Puno, desde donde el oro sale usando “mulas humanas”.

Es así como la minería ilegal e informal han crecido más en el sur, que en la selva peruana. Y si Bolivia no puede explicar el porqué del incremento de su exportación de oro, sí podemos decir que el oro que ha salido del Perú y que se ha “blanqueado” a través de la partida de “desechos y amalgamas”. Según el Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales de Bolivia (SENARECOM) esto ha salido por parte de la minería ilegal. Si no, ¿cómo podríamos explicar que se exporta más oro del que se registra en MINEM?

Según cálculos preliminares de la Consultora Macroconsult S.A, la producción ilegal de oro llegó al 29% del total formal en el 2019. Al parecer, la lucha no se está ganando, más bien hay un casi empate técnico entre el Estado peruano y esta actividad no controlada.

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Coste ambiental

Estos hechos que se vienen dando en toda Latinoamérica dejan a su paso un impacto ambiental, económico y social que son irreversibles.

En países como Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Argentina y Bolivia hay grandes áreas donde se ha depredado bosques, creado dragas, destruido fuentes de agua y envenenado suelos y aire a causa de reactivos muy tóxicos que sin un adecuado uso, tratamiento y control ha generado un impacto incalculable al medio ambiente.

Según el Portal Mongabay se han identificado 2,312 sitios con esta actividad ilegal y 245 áreas de extracción no autorizadas en las que se explota oro, diamantes y coltán.

La presencia de agentes tan contaminantes como el mercurio han hecho que las fuentes naturales de alimentación de pueblos indígenas se vean seriamente afectados alcanzando niveles muy por encima de los permisibles. Según la OMS, a partir de 0,001 – 0.05 mg/l los residuos de mercurio son sumamente peligrosos en su concentración y exposición directa.

Por otro lado, existe una “horrible alianza” entre la minería informal y la explotación sexual en toda Latinoamérica, perdiéndose valores y respeto a la propia vida humana.

Esta ilícita actividad va mostrando otra preocupante asociación que se da en este panorama de irregularidades entre el narcotráfico y las crecientes fuerzas de mafias dedicadas a cobrar cupos para el “desarrollo” de esta operación en diferentes zonas de producción de minería ilegal.

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El coste humano

El problema también tiene un lado humano y moral. Los entendidos hablan de cerca de 350,000 obreros mineros dentro del marco de la ilegalidad.

El problema de la minería ilegal es la contaminación ambiental y amenaza a la vida humana. Además de la destrucción del Estado de Derecho, claro está.

Como se sabe, esta actividad es llanamente un robo a los recursos de la Nación. El tesoro público no recibe los recursos y los gobiernos subnacionales se quedan sin el canon minero.

Algunas recomendaciones para el Estado

  1. Regular la salida de nuestras fronteras, puesto que por ahí también sale el oro y otros minerales que en Bolivia son blanqueados e introducidos en otras partidas para la exportación.
  2. Estructurar un modelo legislativo regional en minería que Perú podría replicar de casos de éxito en otros países considerando las particularidades extractivas en Madre de Dios. En el caso de Colombia, la Ley de Minería otorga a las Corporaciones Autónomas Regionales la autoridad ambiental en las distintas regiones y ejecutan los planes y programas de desarrollo para cada jurisdicción, protegiendo y vigilando no solo la actividad minera, sino también el Medio Ambiente, desde la fauna hasta lo forestal y humano. En el Perú es posible crear una autoridad ambiental autónoma para cada región, con su propio contexto y problemática, que no es igual al de los demás.
  3. El Gobierno, por otra parte, debería promover la formalización mediante incentivos de inversión y la ampliación de socios estratégicos para el desarrollo de nuevos proyectos de desarrollo en regiones como Madre de Dios, Puno o San Martín, antes de tomar medidas que inciten a la violencia.
  4. También se deberían incorporar nuevas alternativas legales para que los productores informales puedan ingresar a la formalidad en un proceso de trasformación empresarial progresivo.
  5. En el Perú se debe promover la innovación. El Perú es un país exportador de materia prima que, sin embargo, está en las últimas posiciones respecto a desarrollo tecnológico e innovación. De nada sirve que el país reciba cantidades de dinero producto del canon y regalías -gracias al buen momento de la minería- y que no se invierta en educación, investigación y desarrollo de tecnologías. Frente a este contexto, el país pierde una gran oportunidad de industrializarse y de seguir creciendo.
  6. Por último, en la actualidad, no se incentiva –ni mucho menos premia– la investigación científica, el desarrollo de nuevas tecnologías y la creatividad. Esta falta de cultura en la innovación inhibe a posibles talentos. Un ejemplo es, el caso de las dragas que se emplean en Madre de Dios y que, empresas europeas, como es el caso de la holandesa Royal IHC, han emulado. ¿El resultado? Dicha compañía ha lanzado al mercado la propia draga 20 BIJAO que actualmente se utiliza en el mercado minero colombiano. La gran paradoja es: ¿por qué Perú no pudo formalizar estos procesos creativos en maquinaria minera y dejó, más bien, que se abarque dentro del marco de la informalidad y lo penado? La respuesta es precisamente algo que nos preocupa en Tiempo Minero: la falta de una política que incentive la innovación dentro del sector.

Tiempo Minero, parte de la Cámara Minera del Perú, recomienda al Gobierno que aplique estas recomendaciones, fije una estrategia sólida y clara para minimizar este problema y lo transforme en una oportunidad para el crecimiento del país.

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